09/02/2006

Comunidad Valenciana
MEDIO AMBIENTE
J. Sierra, Valencia

Infraestructuras encargó el trabajo a petición del Síndic de Greuges.
«Medir el viento con una bufanda es una chapuza más», aseguran.

La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha solicitado a la Comisión Europea que anule el Plan Eólico Valenciano y asegura que los mismos preceptos que llevaron a Europa a calificar la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística como «no ajustada al derecho comunitario» son aplicables a algunas disposiciones del plan.

Fuentes de la Coordinadora que se opone a la instalación de parques eólicos en las comarcas del Comtat-Marina Alta -donde aseguran que no está acreditada la existencia de vientos que justifiquen la destrucción que generarán los parques proyectados- destacaron el «cúmulo» de irregularidades «en la tramitación del Plan que ha culminado», dijeron, «con una chapuza más: la esperpéntica imagen de un técnico de la conselleria ýacreditandoý con una bufanda la existencia de viento».
En este sentido, en las últimas semanas la Coordinadora ha detectado un nuevo incumplimiento: la Conselleria de Infraestructuras ha ocultado, según afirman, que los parques eólicos proyectados están dentro del área del PORN del parque natural de Pego-Oliva, lo que hace inviable la obtención de algunos permisos necesarios para estas instalaciones.

Quejas a Europa

El pasado 21 de noviembre, la Coordinadora se puso en contacto con la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona exponiéndole las irregularidades detectadas y el resultado de las gestiones realizadas en el Parlamento Europeo a través del eurodiputado Bernat Joan.

La Coordinadora plantea que el PEV ha incumplido la ley de contratos.

La Generalitat, afirman, tenía la obligación de publicar la Convocatoria pública en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), con objeto de que todas las empresas europeas pudiesen tener igualdad de oportunidades para participar en esta convocatoria pública.

En la medida en que los anuncios de adjudicación no fueron anunciados en el DOCE, afirman, dicha convocatoria pública «debería estimarse como no ajustada a derecho y, por tanto, declararse nulos todos los actos del desarrollo y ejecución del Plan Eólico».

«La Convocatoria Pública no fue publicada ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque la normativa estatal y europea vigente así lo exigía. De esta forma, el procedimiento de adjudicación a las empresas promotoras de los parques eólicos incurre en una grave irregularidad procedimental e incumple el principio básico de igualdad de oportunidades y transparencia», recordaron fuentes de la Coordinadora.

Al primer requerimiento realizado unos meses por el citado diputado, la Comisión se comprometió «a ponerse en contacto» con las autoridades españolas a fin de obtener toda la información necesaria. Transcurrido un año sin respuesta oficial, el eurodiputado ha vuelto a preguntar por el resultado de las gestiones ante el Gobierno español.

Además de las coincidencias en los defectos de tramitación, las fuentes recuerdan que l Plan Eólico se elaboró siguiendo la ordenación territorial derivada de la aplicación de la citada Ley Reguladora de Actividad Urbanística (LRAU) y pregunta ahora a la Comisión a través del diputado Bernat Joan si los criterios del dictamen motivado obtenido por Abusos Urbanísticos No en relación a la citada ley «no se pueden hacer extensibles al caso del Plan Eólico».