14/02/2005

PROTESTA. LA COORDINADORA SE OPONE AL PLAN EÓLICO
M. Vilaplana. Alcoi.

La Coordinadora d'Estudis Eòlics asegura que se incumplen leyes estatales y europeas

La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha denunciado que el plan eólico programado para esta comarca contiene más de 180 vulneraciones. Según afirman en un comunicado, las irregularidades afectan tanto a leyes estatales como a diferentes directivas europeas.

La coordinadora señala que, después de un minucioso estudio de los anteproyectos de instalación de tres parques eólicos, del estudio de impacto ambiental y de toda la documentación del Plan Eólico Valenciano, se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos afectados para hacerles llegar las vulneraciones ilegales detectadas y que pongan en entredicho el proyecto de instalación de tres centrales eólicas con aerogeneradores de 100 metros de altura en las sierras de Almudaina y Alfaro.

Los autores del comunicado destacan que estos aerogeneradores se pretenden situar a solo 1.000 metros de los pueblos afectados, en zonas ubicadas en espacios naturales protegidos declarados de interés comunitario, y en áreas de importancia para las aves. El documento realizado por la coordinadora recoge más de 180 infracciones, algunas de las cuáles se refieren a directivas europeas, que ya han sido remitidas al organismo comunitario de Medio Ambiente. La entidad apela «al sentido común» de los ayuntamientos, y añade que «si la ley es igual para todos, ningún alcalde debería permitir que se instalen en su pueblo unos molinos con un proyecto de implantación que vulnera diversas leyes más de 180 veces.

Ni la Diputación, ni su presidente, señor Ripoll, deberían permitir una barbaridad así».La coordinadora desea que los ayuntamientos de toda la comarca soliciten los servicios jurídicos de la diputación, «para que todas estas infracciones legales sean analizadas, y se adopten las medidas oportunas para paralizar el proyecto». La entidad recuerda que la institución provincial negó el pasado mes de julio la asistencia jurídica, lo que propició una denuncia ante el Síndic de Greuges, que ha fallado a favor de los ayuntamientos que solicitaron el servicio en ese momento.

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