MEDIO AMBIENTE
J.LL.A.
Acusa al ente provincial de dejar indefensos a los ayuntamientos de la zona 14 y le exige que busque una salida negociada a la polémica
El Síndic de Greuges cuestiona abiertamente el papel jugado por la Diputación Provincial en la polémica sobre la zona 14 del Plan Eólico Valenciano, que afecta a la comarca de El Comtat. En una resolución fechada el pasado día 29 de noviembre, Bernardo del Rosal acusa al ente provincial de dejar a los pueblos de la zona en una situación de indefensión y exige que se pongan en marcha mecanismos para buscar una salida negociada al conflicto.
El dictamen del Síndic es extremadamente crítico con el papel jugado por la Diputación en este proceso, que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los vecinos y el Consell. En primer lugar, se cuestiona el hecho de que el ente provincial no haya presentado alegaciones al Plan Eólico y que se haya negado a realizar un informe de impacto ambiental sobre los tres parques previstos para la zona, alegando que este tipo de estudios no forman parte de sus competencias. Del Rosal considera «incoherente» la actuación de la Diputación Provincial en este sentido y subraya que el ente sí ha realizado un informe de impacto turístico positivo. Respecto a este informe turístico favorable, el Síndic lo califica de «insuficiente», dado que no se dan argumentos para justificar el apoyo.
En otro orden de cosas, la resolución denuncia graves incumplimientos de los compromisos de la Diputación Provincial con los ayuntamientos afectados por el Plan Eólico. Se recuerda que el pasado mes de agosto, el ente provincial adoptó tres acuerdos: crear un grupo de trabajo para estudiar los proyectos de parques eólicos, promover negociaciones y ofrecer los servicios jurídicos a las corporaciones locales. Pasados tres meses, no se ha cumplido ninguno de estos tres objetivos e, incluso, la Diputación Provincial ha llegado a denegar la asistencia jurídica a los ayuntamientos.
Ante este estado de cosas, el Síndic acusa a la Diputación de interpretar de forma restrictiva la legalidad y afirma que «los pequeños ayuntamientos, que no cuentan en su plantilla con técnicos en derecho ni en materia mediambiental, se encuentran indefensos cuando quién actúa es la Administración Estatal o Autonómica».
El dictamen de Bernardo del Rosal se cierra exigiendo a la Diputación Provincial de Alicante el cumplimiento de todos sus compromisos y planteando la necesidad de abrir un proceso de negociación «en aras a la resolución del conflicto de la manera más beneficiosa para los ciudadanos de la zona».