12/08/2004

Sociedad

La coordinadora para la ubicación racional de los parque eólicos en la zona 14, que comprende los valles de Seta y Travadell, en el interior de la montaña alicantina, aseguró que el Plan Eólico Valenciano vulnera más de 45 artículos de leyes estatales y autonómicas.

Portavoces de esta plataforma anunciaron en Alcoi su intención de emprender las acciones legales pertinentes para esclarecer la presunta vulneración de los citados artículos.

Estos han afirmado haber presentado dentro de los plazos establecidos más de 40.000 alegaciones al Plan Eólico Valenciano y destacaron que "esta importante movilización ciudadana" ha sido obstaculizada por la Administración, ya que "no ha informado a los ayuntamientos afectados por la instalación de aerogeneradores".

Una de las portavoces del colectivo, Silvia Faus, sostuvo que la Generalitat "ha hecho todo lo posible para impedir que los ciudadanos conocieran la documentación del plan".

"Además, algunos consistorios se opusieron a la difusión de información y, cuando los políticos no defienden los intereses de los ciudadanos y la Administración se salta las leyes, debemos preguntarnos por el estado de salud de nuestra sociedad democrática", manifestó Faus.

La coordinadora manifestó su agradecimiento a las personas que contribuyeron a presentar las alegaciones y denunció "la falta de transparencia y las contradicciones" que, a su juicio, presenta el estudio de impacto ambiental encargado por la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, la bióloga y miembro de la plataforma Ana Climent opinó que el Plan Eólico Valenciano "quebranta más de 45 normativas incluidas en la Ley de Impacto Ambiental y especialmente en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, publicada el pasado mes de julio en el Diario Oficial de la Generalitat" (DOGV).

Por este motivo, los representantes del colectivo anunciaron que han solicitado la ayuda de los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante para recurrir a "las más altas instancias judiciales".

Asimismo, avanzaron también que elevarán sus reivindicaciones al Parlamento Europeo y que pedirán la ayuda del Síndic de Greuges y del Defensor del Pueblo.

En el caso de que exista un posible delito ecológico, fuentes de la coordinadora indicaron que recurrirán a la Fiscalía para que "asista de oficio a la persecución de los eventuales delitos".

Entre las presuntas infracciones legales que el colectivo ha detectado en el anteproyecto, Climent señaló "la manipulación de datos" o la ausencia de un estudio previo de aceptación ciudadana.

Según la plataforma, tampoco se han respetado las distancias entre los molinos y las viviendas circundantes, ni se ha especificado cuál será el ciclo de vida de los aerogeneradores y qué consecuencias conllevaría un eventual accidente o el deterioro paulatino de las instalaciones.

El principal temor de los cerca de 3.000 habitantes de estos valles es que, además del impacto ambiental y ecológico y los escasos beneficios energéticos que consideran que reportará la instalación de los aerogeneradores, el Plan Eólico convertirá sus terrenos, catalogados como "rurales no urbanizables", en suelo industrial y transformará sus sierras en zonas eólicas.

El propietario de una establecimiento hostelero en Quatretondeta aseguró que la mayoría de operadores extranjeros de turismo rural en estas comarcas ha manifestado ya su intención de abandonar la zona si el proyecto de la Generalitat se lleva finalmente a cabo.

Otro de los aspectos denunciados por la agrupación es el concurso público convocado por la Generalitat, que, según las mismas fuentes, "pagará 360.000 euros a una empresa para contestar a las alegaciones presentadas por los ciudadanos".

En este sentido, los portavoces de la asociación se plantearon si es lícito que la Administración realice estos contratos con "fondos públicos".

La coordinadora precisó que no se opone a la construcción de parques eólicos, sino "a la falta de planificación en su ubicación y a la manipulación informativa".