12/08/2004

Fotomontaje que ilustra el impacto paisajístico que ocasionaría la instalación de los 50 aerogeneradores proyectados en la comarca de El Comtat

MOVILIZACIONES

La coordinadora ciudadana aprecia falseamiento de datos y omisiones en el estudio de impacto ambiental e insiste en solicitar la paralización

M. Vilaplana, Alcoi

La Coordinadora Ciudadana de Estudios Eólicos de las Sierras de Almudaina y Alfaro anunció ayer el inicio de acciones judiciales contra el plan eólico programado en la zona de El Comtat, al entender que vulnera 46 puntos de la ley. Portavoces de la entidad manifestaron que, entre otras cuestiones, el estudio de impacto ambiental está incompleto, presenta omisiones importantes y además falsea datos. La coordinadora tiene previsto agotar todas las vías para lograr la paralización del proyecto, y en este sentido también pretende trasladar el tema al Parlamento Europeo y al Síndic de Greuges.

Tal como ha venido informando este diario, el plan eólico establece la colocación de 50 aerogeneradores entre las sierras de Almudaina y Alfaro, iniciativa ésta que ha provocado un amplio rechazo ciudadano en la comarca de El Comtat debido a su fuerte impacto ambiental. Fruto de la movilización que se ha llevado a cabo en las últimas semanas son las 40.000 alegaciones que se han presentado al proyecto, una cifra que por sí sola supera a las tramitadas por las zonas restantes de la Comunidad Valenciana en las que está prevista la instalación de parques eólicos.

Portavoces de la coordinadora ciudadana que ha impulsado esta movilización anunciaban ayer que van a continuar trabajando para evitar que el proyecto prospere, y en este sentido anunciaron el inicio de acciones judiciales, al considerar que el plan incumple 46 puntos de la ley en materia de impacto ambiental y protección del paisaje.

Según explicó la bióloga Anna Climent, entre las distintas vulneraciones legislativas se encuentran las omisiones y el falseamiento de datos que presenta el informe de impacto ambiental. Algunos pueblos afectados no disponen de un informe sobre el impacto socioeconómico que ocasionará el proyecto, y tampoco quedan recogidos los procedimientos seguidos para valorar determinadas cuestiones. «Los promotores, por ejemplo, afirman que el plan cuenta con la aceptación de la población, cuando se ha visto que eso es totalmente falso», explicó.

En el estudio no se analizan las posibles eventualidades que se puedan producir en los aerogeneradores, y el impacto paisajístico y acústico aparece sesgado y valorado a la baja. «Los aerogeneradores serán visibles desde toda la comarca, y desde Alcoi, la ciudad más grande, podrán contemplarse alrededor de 38, dependiendo de los barrios». La coordinadora ha iniciado una campaña de recogida de fondos para poder financiar las acciones judiciales, y además ha solicitado asesoramiento a los servicios jurídicos de la Diputación. Del mismo modo, recurrirá al Parlamento Europeo, al Síndic de Greuges e, incluso, a la Fiscalía, si se confirma que hay delito ecológico. Antonio Bono, componente de la coordinadora, indicaba que «lo que queremos es que los políticos hagan caso a los ciudadanos, y el proyecto se paralice».

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