COMUNICAT DE PREMSA
El Comtat, 16 de febrer del 2006

Descripción de los hechos:
En la primera semana de febrero saltaba a la prensa la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había ordenado la detención incomunicada del ex-Director General de Industria del Gobierno Canario junto a otras seis personas, por su implicación en el cobro de comisiones por la adjudicación irregular de diversos parques eólicos a determinadas empresas. Junto al ex-Director de Industria han sido detenidos dos funcionarios, tres empresarios y un directivo bancario.

La trama ha sido descubierta gracias a la denuncia que el 7 de mayo de 2005 presentó el empresario Alberto Santana (al ser destituido como Director comercial de una de las empresas beneficiadas). Los cargos de los que se les acusa a los detenidos son: cohecho, malversación, tráfico de influencias y manejo de información privilegiada. En la denuncia se hablaba de comisiones por valor de 30 millones de euros y se está investigando también al Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas y, además, el asunto le ha costado el cargo al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Estas detenciones son un episodio más de los sucios manejos ocurridos en torno al concurso de adjudicación de los parques eólicos de Canarias, cuya convocatoria fue anulada el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por defectos de forma y que llevó al Gobierno Canario a anular toda la adjudicación del Plan Eólico el pasado mes de diciembre.

Valoración:
Estos hechos acontecidos en Canarias ni sorprenden a esta Coordinadora ni pueden sorprender a nadie que conozca cómo se desarrollan las adjudicaciones de los parques eólicos. Lo que nos ha sorprendido es que lo hechos hayan salido a la luz, ya que si no hubiese sido por la “traición” de uno de los implicados, nunca se hubieran conocido.

En Canarias y en otras comunidades autónomas como la nuestra, nos encontramos con que la adjudicación de los parques eólicos es un terreno abonado para que se den estos casos de corrupción y de tráfico de influencias, ya que concurren las dos circunstancias favorables que propician esto:

- opacidad en la adjudicación y
- un negocio redondo para la empresa adjudicataria.

La Comunitat Valenciana:
En cuanto a la adjudicación de parques eólicos ocurrida en el País Valenciano, ha existido poca transparencia desde el primer momento y se han incumplido las normas básicas de la legislación sobre contratos tanto nacionales como europeas. Irregularidades tan importantes como no haber anunciado la Convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea han sido denunciadas por esta Coordinadora ante la Comisión Europea que actualmente está investigando dicho asunto.

Así mismo nos encontramos con que, en la Comisión de Selección de Proyectos no se permitió entrar a ningún representante de los ayuntamientos afectados ni a cargos técnicos. El presidente de la Comisión era el Conseller de Innovación D. Fernando Castelló (máximo responsable del funcionamiento del IVEX durante sus años más polémicos),y los vocales eran cargos políticos de responsabilidad de las Consellerías implicadas. En febrero de 2003 fueron adjudicados los parques eólicos a las diferentes empresas. Nosotros tenemos nuestras dudas sobre la idoneidad y la capacidad de dicha Comisión de selección.

Una idea de cómo funcionaba la Comisión la podemos extraer de lo publicado en el periódico económico “Cinco días” que señalaba en su edición del 3 de agosto de 2001 lo siguiente:

"Uno de los requisitos no escritos en el concurso -no puede estarlo-, pero que las empresas consideran de obligado cumplimiento, es la presencia de socios valencianos en los grupos que se presenten. El Gobierno de Eduardo Zaplana advirtió hace años a las grandes constructoras que beneficiaría en los concursos a aquellas que se asociasen con empresas locales, y así lo ha hecho".

En cuanto al gran negocio que esta actividad supone, pensemos que todo el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana supone 2.000 millones de euros de inversión.La explotación del recurso eólico es un negocio redondo que proporciona unos beneficios considerables. Si nos centramos en la Central Eólica del Comtat, con 50 aerogeneradores, la inversión es de 73 millones de euros, con unos beneficios anuales estimados de 18 millones de euros (sólo en primas), (90 euros/MWh x 100 MW x 2000 horas) con lo que en cuatro años se amortizan los gastos de inversión y el beneficio líquido empresarial a lo largo de los 25 años se sitúa en más de 400 millones de euros. Esta actividad empresarial tiene además la circunstancia excepcional de la inexistencia de riesgo, ya que el operador de la red eléctrica está obligado a adquirir toda la energía que se genere por este procedimiento (Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo).

El año 2003, el escritor Vázquez Figueroa en su novela “Vivir del viento” afirmaba que “el negocio eólico es el mayor negocio sucio después de la droga” y que estas centrales eólicas “son sostenidas únicamente por las subvenciones”. Lo ocurrido en Canarias empieza a darle la razón a este escritor.

Conclusión:
La Administración debe ser honrada y parecerlo. No puede ponerse en marcha un Plan Eólico que se ha hecho a la medida de las empresas concesionarias en vez de hacerlo pensando en el beneficio del ciudadano. Ni siquiera se ha tenido en cuenta si existía recurso eólico suficiente aprovechable. El asunto principal no consiste en desarrollar las energías limpias o en hacer un futuro verdaderamente ecológico y sostenible, sino en cómo pueden acceder las empresas a las subvenciones en las mejores condiciones económicas. Se ha prostituido el concepto de “energía renovable” para dar paso a unos intereses económicos muy importantes y muy distintos a los de la sociedad.

Si, además, la Administración realiza una Convocatoria llena de irregularidades y sin transparencia y, en vez de jugar como árbitro, juega al lado de las empresas y niega a los ciudadanos toda la información medioambiental que sobre este proyecto se le ha pedido, el ciudadano tiene todo el derecho a sospechar.

A la espera de que algún directivo despechado de alguna de las empresas de aquí “se arrepienta”, esta coordinadora está recogiendo todas las pruebas y catalogando todas las irregularidades cometidas para colocar a cada uno en su sitio, como parece que está pasando en Canarias.